El “greenwashing”, o blanqueo ecológico, se ha extendido tanto en los últimos años que la Unión Europea se ha visto obligada a aprobar recientemente una Directiva para frenarlo y exigir a las empresas que proporcionen información veraz sobre sus productos y servicios. El abuso de las etiquetas “bio” y “eco” es tal que éstas han perdido su verdadero sentido y valor, de manera que ya no sirven para diferenciar a las empresas y sus buenas prácticas. Con el objetivo de luchar contra esta “ecoimpostura” y este fraude ecológico, la Directiva 2024/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, promulgada el 28 de febrero de 2024, pretende fortalecer la protección de los consumidores en el contexto de la transición ecológica. La nueva normativa subraya la necesidad de proporcionar a los consumidores información clara, relevante y fiable que les permita tomar decisiones de compra informadas y, así, fomentar un consumo más sostenible.

De esta manera, la UE perseguirá las prácticas comerciales desleales que engañen a los consumidores con afirmaciones medioambientales engañosas, así como la falta de transparencia en los distintivos de sostenibilidad. También se combatirá la información genérica que no esté sustentada en datos concretos y verificables sobre los productos y su impacto ambiental.

Con esta Directiva, que modifica las Directivas previas 2005/29/CE y 2011/83/UE, la UE busca mejorar la comunicación entre empresas y consumidores. Para ello, establece que las afirmaciones medioambientales deben ser veraces, comprensibles y fiables. Así, la norma prohíbe afirmaciones medioambientales genéricas como “respetuoso con el medio ambiente”, “amigo del medio ambiente”, “verde”, “bueno para la naturaleza”, “ecológico”, “inocuo para el medio ambiente”, “respetuoso con el clima”, “delicado con el medio ambiente”, “inocuo en términos de carbono”, “eficiente desde el punto de vista energético”, “biodegradable”, o “de origen biológico”, si no están acompañadas de datos claros y precisos que las justifiquen. Frente a ello, la UE insta a desarrollar afirmaciones específicas, como, por ejemplo, “el 100 % de la energía utilizada para producir estos envases procede de fuentes renovables”.

Además, la Directiva 2024/825 incluye también la estandarización de qué se considera ecológicamente sostenible, remitiéndose a los sistemas de certificación reconocidos o establecidos por las autoridades públicas.

Por último, la Directiva se enfoca también en la lucha contra la obsolescencia programada y exige a los fabricantes informar sobre actualizaciones de software que podrían afectar negativamente el funcionamiento de los bienes con elementos digitales. Asimismo, busca mejorar la información precontractual que debe proporcionarse a los consumidores sobre la durabilidad y reparabilidad de los productos.

Si bien hay un margen de dos años para la transposición de esta nueva normativa europea al derecho nacional de cada país, en el caso de España el Gobierno ya ha iniciado los trámites para su incorporación, por lo que es previsible que en breve forme parte de nuestro ordenamiento jurídico. Esto supondrá una mayor exigencia de fiabilidad y precisión a las empresas en su comunicación medioambiental, pero también una ventaja real para aquellas que realmente se comprometan de manera real y justificada con la sostenibilidad y el medio ambiente.