La paralización de la Ley de Economía Sostenible, que no pudo ser aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 21 de diciembre por la ineficacia del grupo parlamentario socialista a la hora de buscar apoyos entre los demás parlamentarios, supone un nueva oportunidad perdida para regular uno de los sectores económicos que pueden llegar a tener una gran importancia para el desarrollo futuro de nuestra economía: el de los contenidos digitales. España cierra el año sin regular una situación que amenaza seriamente el presente y el futuro del sector de la industria cultural de nuestro país. Según el Observatorio de la Piratería, la industria de contenidos digitales en España generó un negocio legal por valor de 1.560,7 millones de euros en el primer semestre de 2010, mientras que el valor total de los contenidos pirateados ascendió a 5.212,4 millones de euros; es decir, casi cuatro veces el valor del consumo legal.Ello implica que si todo el consumo cultural fuese legal, el mercado podría ser cuatro veces mayor que el actual y el sector industrial también, con todo lo que ello implicaría de generación de empleo y riqueza para el país.

Más allá de la redacción inicial o futura de la Ley Sinde, que tarde o temprano deberá aprobarse para situar a España en el lugar que le corresponde entre las principales economías que regulan adecuadamente las descargas ilegales, el problema de fondo que subyace en nuestro país es el de una cultura popular que tiene un conocimiento escaso de lo que significa la propiedad intelectual y que, en ocasiones, no es capaz de valorar como debe el trabajo del prójimo. Desde mi punto de vista, estamos en un período tan crítico como cuando, al comienzo de nuestra democracia, se extendió una cierta permisividad -y hasta simpatía generalizada- por aquellos que defraudaban a Hacienda. Parecía que el que pagaba impuestos era poco menos que imbécil, como pasa ahora con aquellos que compramos de manera legal los productos culturales que consumimos. Basta un repaso por la saga de “La escopeta nacional” de Berlanga y por los “muros” de las redes sociales para no tardar en ver el paralelismo. Al igual que entonces los defraudadores se escudaban diciendo que el Gobierno iba a hacer un mal uso de su dinero, los ladrones digitales se intentan justificar asegurando que la industria cultural no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos digitales. Puede que a estos no les falte razón, como tampoco les faltaba a los otros entonces, pero ello no justifica en modo alguno un comportamiento que atenta claramente contra los derechos de terceros y que, más allá de toda legalidad, es absolutamente inmoral.

Esperemos que en 2011 la situación se regule adecuadamente por fin, con una nueva redacción de la Ley Sinde que sea capaz de lograr el necesario consenso generalizado de los principales grupos políticos.  Este, sin duda, ha de ser el primer paso para dotar al sector de las industrias de contenidos digitales del escenario de seguridad jurídica necesario para poder acometer su desarrollo futuro, una expansión que debería pasar por los siguientes hitos:

1. Regulación penal de la piratería, con cierres y multas a quienes se aprovechen del trabajo ajeno, especialmente de aquellos que además se lucran con estas prácticas.

2. Campaña de concienciación pública sobre la importancia de los derechos de propiedad intelectual. Al igual que en su día el famoso lema de “Hacienda somos todos” logró estigmatizar socialmente a los defraudadores, es necesario que la sociedad española tome conciencia del valor de la propiedad intelectual y de su necesaria defensa.

3. Búsqueda de nuevas fórmulas de negocio para la industria cultural de acuerdo a las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, en una aproximación cada vez mayor entre creadores y consumidores, cuyos intereses no están enfrentados ni son enemigos, como ha quedado de manifiesto en la reunión entre internautas y la industria promovida por Álex de la Iglesia, quizás el único resultado positivo por el momento de la no aprobación de la Ley Sinde. Este punto (que ha de incluir una importante autocrítica por parte de la industria y también de las sociedades de gestión de derechos) es el más importante de cara al futuro, pero no podrá afrontarse con garantías de éxito si no somos capaces primero de alcanzar los dos primeros.

En esta ecuación, el orden de los factores sí altera el producto, y es mucho lo que nos jugamos como país y como economía como para no hacer como corresponde los deberes. Esperemos que esta trilogía no se limite a una lista de buenos deseos de año nuevo, sino que seamos capaces entre todos de llevarla a cabo.