Pasada la primera tormenta de ruido y protestas en Internet por la decisión del Gobierno de España de regular la descarga de contenidos sujetos a la propiedad intelectual de sus autores, conforme han hecho ya otros países de nuestro entorno y de acuerdo a las directrices de la Unión Europea, convendría aprovechar la reciente celebración del 23 de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, para realizar una mirada más serena sobre la cuestión. El debate inicial de la ya conocida como “ley Sinde” provocó un aluvión de protestas basadas en el discurso demagógico de que se quiere poner un veto a la libertad de expresión y en el igualmente falso de que se quiere hacer pagar por algo a lo que tenemos derecho a acceder gratuitamente. La realidad siempre es mucho más compleja, y frente a afirmaciones tan utópicas como carentes de sentido como “libertad sin límites” o “cultura gratis”, convendría que hiciéramos algunas reflexiones sobre la necesidad que existe de regular toda actividad humana para evitar abusos -la crisis financiera en la que estamos inmersos es un buen ejemplo- y sobre el hecho de que todo producto, aunque sea de naturaleza intangible, tiene un coste que hay que pagar si queremos que se siga produciendo.

El debate es de gran calado y tiene unas implicaciones de alta trascendencia para el futuro del país, por lo que es necesario explicar a la ciudadanía claramente porqué se ha de proteger al autor, porqué se ha de regular un espacio de intercambio de información como es Internet y porqué se ha de perseguir y penar a quien se lucra con el trabajo de los demás sin su consentimiento. La situación actual de la Red es que existe un número muy elevado de empresas y particulares que ofrecen a los internautas la posibilidad de descargarse archivos con contenidos de diferente tipo (música, películas, imágenes, libros electrónicos y juegos de ordenador, fundamentalmente) que no han creado ellos y sobre los que no disponen de derecho alguno para realizar esa distribución. Estas empresas y particulares realizan un negocio redondo con la puesta a disposición de los internautas de estos archivos por los que no han tenido que pagar y que les permiten generar un tráfico de visitantes que luego comercializan a cambio de ingresos por publicidad, venta de bases de datos de correo electrónico e incluso, en algún caso, por una cuota de suscripción al servicio. Mientras, los autores y propietarios legítimos de esos contenidos no reciben ninguna compensación económica y la industria que sustenta la producción legal de cultura tiene que observar impasible cómo un negocio mafioso florece y otro legal se va yendo a pique. Esta es la realidad actual, una realidad a la que se le tiene que poner fin desde el Gobierno con voluntad y firmeza, y no con discursos ambivalentes, si no queremos seguir siendo la última reserva de piratas digitales de Occidente. Esta situación no sería concebible en ningún otro sector productivo. Imaginemos que hubieran empresas que, sin permiso, cogieran la energía eléctrica de la red general -que se alimenta por el aporte a la misma que realizan las compañías del sector- y que la distribuyeran de manera gratuita entre los vecinos que se suscribieran a este servicio a cambio de recibir publicidad u otra forma de captación de ingresos. ¿No estaríamos ante un claro caso de robo y de generación de beneficios ilícitos? ¿Qué pasaría si esta situación se permitiese por parte de las autoridades? Pues que las eléctricas dejarían de tener ingresos, no podrían mantener sus centrales y dejarían de generar energía. Evidentemente, esta situación no se va a dar nunca porque la energía es un sector estratégico y la obligación del Gobierno es protegerlo y regularlo. Y regularlo para garantizar los legítimos derechos de todos los participantes: consumidores, productores y, por supuesto, el país o la sociedad en su conjunto.

En el fondo, el debate que debemos establecer sobre la necesaria regulación de Internet es si queremos como país una industria cultural fuerte, capaz de generar contenidos de calidad y valor, o por el contrario vamos a seguir siendo subsidiarios de la producción que se lleva a cabo en otros lugares. Porque la piratería en Internet, al igual que ocurriría en la energía o en otros sectores, a lo único que conduce es a debilitar la industria legal, a que ésta no pueda desarrollarse en un marco de competencia justo e igual para todos. Y para evitarla es necesario que se respete la propiedad intelectual como se respetan otros tipos de propiedad. Los trabajadores de la cultura tienen derecho a vivir de su trabajo, o al menos a intentarlo. Quien no tiene derecho a hacerlo es quien no ha generado esas obras ni ha conseguido los acuerdos de cesión para distribuirlas. De la misma forma que está robando alguien que va a una industria, coge material allí producido y lo distribuye sin el permiso de su fabricante, lo está haciendo quien cuelga contenido en Internet que no ha producido y del que no tiene autorización para que se lo pueda descargar todo el que quiera. Hemos de asumir que estamos ante el mismo hecho, ante la misma realidad y ante los mismos derechos de propiedad que hay que proteger. Sólo así podremos garantizar la existencia de un sector productivo en el ámbito cultural que tenga posibilidades de desarrollo y crecimiento.

La cultura existe porque alguien la genera. No surge por generación espontánea. Tiene que haber siempre un creador, un trabajador que dedica su tiempo y su esfuerzo a producir un material capaz de “crear sueños, ilusiones, sentimientos, capaz de forjar esperanzas, de contribuir al desarrollo cultural, educativo y científico, y a ayudarnos a reforzar nuestra identidad colectiva como país”, como han destacado recientemente en un comunicado unitario la Plataforma de Creadores. Y ese creador es el único legítimamente capacitado para decidir si su contenido se puede distribuir gratuitamente o si quiere comercializarlo a cambio de una compensación económica por el mismo.

Ese creador, además, requiere de un soporte técnico sin el cual muchas veces no podría desarrollar su labor y cuyos trabajadores tienen también derecho a vivir de su trabajo. La creación cultural del siglo XXI ya no puede ser en la mayoría de los casos la obra de un individuo, sino de un equipo de gente que se coaliga para aportar sus mejores conocimientos y habilidades para elaborar un nuevo producto cultural: un disco, una película, un libro, un juego de ordenador, una imagen. La industria cultural de nuestro país emplea a cerca de un millón de trabajadores, de los cuales no todos son creadores, lógicamente, pero sí que viven de la explotación legal del trabajo artístico, una actividad que la piratería digital pone en jaque a diario. Este sector representa en la actualidad, y pese a todas las dificultades por las que atraviesa, el 5% del Producto Interior Bruto de nuestro país, un porcentaje que sin duda podría ser mucho mayor si se estableciera un marco adecuado para el ejercicio de su labor. La economía del futuro es la economía del conocimiento y de la creación, como han puesto de manifiesto multitud de expertos en todo el mundo. Países como Estados Unidos, con una industria cultural tremendamente madura y protegida, u otros más próximos como Gran Bretaña (que ha aprobado una ley similar recientemente), Francia o Italia, han comprendido claramente la importancia de poner fin a la piratería en Internet y han establecido medidas claras y sancionadoras para quien distribuye contenido sujeto a derechos y, también, para quien lo consume, con incluso el corte legal del acceso a la Red. Por ello, España, si no quiere quedarse atrás, debe adoptar y aplicar también medidas valientes y proporcionadas para impedir la actual competencia desleal de quienes se enriquecen con obras robadas a sus autores, protegiendo así la industria cultural legal y favoreciendo el desarrollo de un sector que, sin duda, va a tener una gran importancia estratégica en los próximos años.

(artículo publicado en el diario Mediterráneo, en su edición del 25 de abril de 2010)